jueves, 16 de julio de 2015

Cuatro procesados en el primer caso de venta de órganos en España

Los acusados ofrecieron 40.000 euros a personas  vulnerables por su penuria económica
Un juez ha procesado a cuatro personas en el primer caso de venta de órganos en España. Una tentativa que no llegó a consumarse. El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia atribuye a los acusados los supuestos delitos de tráfico ilegal de órganos y trata de seres humanos. La ley española prohíbe que se negocie en esta materia, controlada por la Organización Nacional de Transplantes.
Los hechos tuvieron lugar presuntamente hacer tres años cuando, según la resolución judicial, los imputados ofrecieron hasta 40.000 euros a ocho inmigrantes y una española a cambio que donasen parte de su hígado. Los candidatos tenían en común "una situación especialmente vulnerable" por "su procedencia" y su "situación de penuria económica". El destinatario del transplante iba a ser un libanés de 61 años con una grave dolencia hepática.
El resto de procesados son otro libanés y dos palestinos. La policía los detuvo en 2014. Para entonces el transplante ya se había realizado, pero según el juez el donante final fue su hijo, no fue a cambio de dinero y no resultó ilegal.
Una clínica privada rechazó hacer el transplantes "al sospechar de la existencia de incentivos".
Los acusados llevaron a los candidatos a realizarse pruebas y entrevistas a clínicas privadas en Valencia y Navarra. Pero o bien resultaron no compatibles o bien, como en el caso de la Clínica Universitaria de Navarra, la operación fue rechazada por "la comisión ética al sospechar de la existencia de incentivos". Una de las posibles donantes fue rechazada presuntamente por el hecho de ser mujer.
Los gastos de los análisis de sangre, resonancias y TAC fueron abonadas a través de una empresa con sede en Alicante de la que era copropietario un primo del libanés que requería el transplante. El empresario no ha sido, sin embargo, procesado al no haber apreciado el juez Francisco Silla indicios suficientes de su participación en los delitos.
La investigación se inició con la denuncia de una ONG, después de que una inmigrante argelina advirtiese a sus responsables de que le habían ofrecido dinero a cambio de parte de su hígado. La resolución del magistrado, contra la que cabe recurso, deja a los acusados a un paso del banquillo de los acusados.

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